Abogados dedicados a actividades relacionadas con la administración pública, el litigio, la consultoría, la asesoría externa, el desenvolvimiento de las oficinas jurídicas de las entidades, empresas y demás organizaciones públicas, privadas o sociales, el ejercicio de la función pública, la docencia y, en general, para profesionales que pretendan dedicarse al ejercicio del derecho constitucional.